Los hechos ocurrieron cuando la Sedesol –a la que pertenecía Diconsa– era encabezada por Luis Miranda Nava. Los convenios y pagos se acordaron meses antes de la elección en el Estado de México a la que se sospecha se desviaron recursos con este esquema.
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una indagatoria formal por el presunto desvío de más de 400 millones de pesos en la empresa pública Diconsa, perteneciente a la extinta Sedesol, a través de la firma de convenios con universidades públicas bajo el esquema conocido como La Estafa Maestra.
Dichos convenios y los pagos fueron pactados a finales de 2016 y principios de 2017, en la época en que Luis Miranda Nava encabezaba la Sedesol. Las firmas y una parte de las transferencias se realizaron en meses previos a la elección del Estado de México, a la que según declaraciones en poder de la FGR se habrían desviado recursos con dicho esquema fraudulento.
La apertura de esta nueva carpeta de investigación ocurre luego de que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó el 31 de octubre una denuncia formal ante la FGR, en la que concluye que desde Diconsa se operó un fraude al erario que oscila entre los 380 y los 412 millones de pesos por servicios contratados que presume fueron simulados.
El dinero, según la denuncia de los auditores, fue triangulado y dispersado utilizando un fideicomiso y diversas empresas para ocultar su origen. El destino final de los recursos es el objetivo de la indagatoria de la Fiscalía. De acuerdo con funcionarios federales a cargo del caso, se presumen delitos que van del peculado hasta lavado de dinero.
La denuncia de la ASF tiene su origen en los resultados de la auditoría forense número 275-DS correspondiente a la Cuenta Púbica 2017, que se practicó a Diconsa para revisar, específicamente, los convenios por diversos servicios que dicha empresa estatal concedió a universidades aprovechando una excepción que contempla la ley para adjudicarlos sin licitación. Se trata de convenios que, como los auditores señalan en el informe, se utilizaron más de 7 años para “el desvío de recursos públicos”.
En el caso específico de Diconsa (empresa que operaba la venta de insumos a población de bajos recursos) la ASF identificó la firma, el 30 de diciembre de 2016 y el 31 de enero de 2017, de tres anexos a convenios generales con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSC), dos instituciones públicas que ya han sido identificadas previamente en los esquemas fraudulentos con otras dependencias.
Por la firma de dichos anexos a los convenios, Diconsa pagó 412 millones 624 mil pesos. Lo adquirido consistía en distintos servicios de consultoría y apoyo en soluciones tecnológicas para sistemas informáticos. Pero, como es el común denominador en estos esquemas fraudulentos, se identificaron anomalías serias que ponen en duda que dichos servicios se hayan cumplido como estaba contemplado.
“Se constató que (las universidades) no contaban con la capacidad técnica, material y humana para prestar los servicios a los que se comprometieron, aun cuando manifestaron que sí contaban con dichas capacidades, por lo que no participaron en la ejecución de los mismos, y la totalidad de los servicios (100%) fueron realizados a través de terceros”, indicó la auditoría.
