Los fiscales italianos cerraron una investigación sobre el COVID-19 que acusa a funcionarios, incluido un exprimer ministro y un gobernador regional, de irregularidades por no extender una zona de aislamiento en los primeros días de la pandemia a la ciudad norteña de Bérgamo y valles industriales adyacentes.
“Nuestro objetivo era reconstruir lo sucedido y dar una respuesta a la población de Bérgamo y alrededores”, dijo el jueves a Radio 24 el fiscal Antonio Chiappani.
El caso ahora va a un magistrado en Bérgamo para decidir si acusar a más de una docena de sospechosos identificados por los fiscales, incluido el entonces primer ministro Giuseppe Conte, el exministro de Salud Roberto Speranza y el gobernador regional de Lombardía, Atillo Fontana.
Conte dijo en un comunicado después de que la investigación se cerró formalmente el miércoles que estaba “tranquilo frente al país y los ciudadanos italianos, habiendo operado con el máximo compromiso…. en uno de los momentos más difíciles vividos en nuestra república”.
Speranza dijo igualmente que estaba “sereno y seguro de haber actuado siempre con disciplina y honor en el interés de la patria”.
El abogado de Fontana dijo que no espera que su cliente esté entre los acusados y agregó que “Fontana siempre fue interrogado como parte interesada”, no como sospechoso.
La investigación alega que se cometieron errores al no extender una “zona roja”, inicialmente impuesta en un número limitado de ciudades en las regiones vecinas de Lombardía y Véneto, a Bérgamo cuando el número de muertes allí se disparó.
La investigación alega que se podrían haber evitado más de 4000 muertes si el confinamiento se hubiera extendido el 27 de febrero de 2020, cuando la provincia de Bérgamo se convirtió en el foco de COVID-19 de Italia. La morgue de la ciudad estaba tan abrumada que el ejército tuvo que enviar camiones para llevar ataúdes a otras morgues para la cremación.
Italia se convirtió en el primer país fuera de Asia en confirmar casos de COVID-19 el 21 de febrero de 2020 y la primera muerte en otra región horas después.
Las primeras “zonas rojas” se impusieron tres días después alrededor de 10 ciudades en Lombardía y una en Véneto, y se extendieron a toda Lombardía y otras 14 provincias en el norte el 8 de marzo. Conte cerró todo el país dos días después.
Italia ha registrado más de 188.000 muertes por COVID-19.