La reforma constitucional que pretende acotar al Tribunal carece de cualquier vocación democrática, porque nace desde el revanchismo de las cúpulas partidistas. El mensaje que mandan PAN, PRI y PRD es de traición a una ciudadanía que les brindó su confianza para ser contrapeso al partido en el poder.
EMEEQUIS.– Se unieron a las marchas a favor de la democracia, también firmaron una moratoria constitucional para evitar reformas que la pongan en riesgo, además votaron en contra Plan B de la reforma electoral. Aun así, PAN, PRI y PRD decidieron sumarse a Morena, PT y PVEM como hermanos para debilitar el Tribunal Electoral.
Primero crearon un grupo de trabajo a principios de febrero. Lo conformaron diputados de 6 de los 7 grupos parlamentarios de San Lázaro. El objetivo fue revisar las atribuciones del árbitro electoral. Sólo Movimiento Ciudadano decidió no sumarse.
Fruto de ese trabajo, los coordinadores parlamentarios del oficialismo y Va por México presentaron una reforma constitucional para limitar este órgano especializado del Poder Judicial. ¿Su excusa? Que se ha excedido en el desarrollo de funciones.
No detallan casos concretos, pero es innegable la molestia de las cúpulas partidistas y de los grupos parlamentarios contra el Tribunal Electoral. Sólo en esta legislatura los magistrados electorales:
- Ajustaron la fórmula de representación proporcional del Partido Verde, a fin de asegurar que la Cámara de Diputados tuviera verdadera paridad de género con 250 legisladoras.
- Ordenaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dominada por Morena y aliados, incluir a Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural en la Comisión Permanente, órgano legislativo que opera en los recesos del Congreso.
- La gota que derramó el vaso fue cuando obligaron a la Jucopo a integrar la lista de aspirantes para la Presidencia del INE sólo con mujeres. Por esta razón el INE está liderado por una mujer por primera vez en su historia.
Así que estamos ante una reforma constitucional que carece de cualquier vocación democrática, y que nace desde el revanchismo de las cúpulas partidistas. Y con ello, impiden que el Tribunal Electoral pueda proteger los derechos políticos de las y los ciudadanos.
No es el primer intento para debilitar al Tribunal Electoral. A principios de 2022, Morena, PT y PRI presentaron una modificación a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estaban molestos por la orden del órgano electoral de incluir a Movimiento Ciudadano en la integración de la Comisión Permanente. Paradójicamente, el PAN votó en contra. Hoy la bancada azul respalda una reforma constitucional que retoma esa propuesta.
