Respecto a estas, enfatizó la importancia de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que regula la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación y la contabilidad gubernamental, así como la disposición de obligaciones para los ejecutores del gasto público
Continuando con su revisión de las 20 propuestas de reformas presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso, el analista político y ex director de la revista ‘Voz y Voto’, Jorge Alcocer, explicó en Aristegui en Vivo el impacto de la ausencia de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en algunas de las propuestas planteadas, al tiempo que denunció la reciente declaraciones del mandatario, quien “pretende inmiscuirse en el debate y poner el peso de su investidura a favor de su partido, de su candidata” en los comicios de 2024.
“Me parece que a confesión de parte es una declaración de que lo que pretende es inmiscuirse en el debate y poner el peso de su investidura a favor de su partido, de su candidata, una violación del artículo 134 de la constitución, que cabe recordar, lo que se puso ahí se propuso por él mismo (López Obrador) en 2007, cuando era un aspirante a presidente“, denunció Alcocer, quien además aseguró que hay testigos que podrían confirmar que el presidente estaría llevando a la regresión de una lucha por la separación del Ejecutivo en el proceso electoral que él mismo inició.
Por otro lado, ya concretamente respecto a las Reformas, enfatizó la importancia de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que regula la elaboración del presupuesto de egresos de la Federación y la contabilidad gubernamental, así como la disposición de obligaciones para los ejecutores del gasto público. Partiendo de este punto, detalló que esta ley dispone que cuando el Ejecutivo Federal presenta iniciativas de ley o decretos ante el Congreso de la Unión, debe acompañarlos de un “estudio de impacto presupuestal”, en el que se debe determinar el impacto que la Reforma tendría de ser aprobada en las finanzas del Estado, así como de dónde vendría dicho financiamiento.
En referencia a esto, el analista político aseveró que, en este paquete presentado por el presidente, hay dos iniciativas muy importantes en las que este punto no se satisface correctamente de acuerdo a la ley: la Reforma al Poder Judicial y la Reforma Electoral. En estas dos, que fueron las que explicó durante su participación, este punto no cumple con la obligación. “Se les olvido ponerlos, algo pasó que en términos estrictos no hay dictamen presupuestal de impacto”. Junto a éstas, destacó la reforma en materia de pensiones como una de las más graves en las que omitir este reporte, ya que “aumentar la pensión garantizada tiene un impacto presupuestal”, y ahora la mesa de la Cámara debería proponer al pleno devolver al Ejecutivo las iniciativas para subsanar la omisión, tal como se hizo en 2012 con las iniciativas presentadas por el entonces presidente Felipe Calderón, quien buscaba desaparecer varias Secretarias de Estado, como la de Turismo y la Reforma Agraria
Uno de los grandes problemas es que el oficio dice que el transitorio ausente en el caso de las Reformas al Judicial y Electoral están en el decreto, sin embargo no es así, algo que junto a otros errores de redacción o hecho, exponen el “evidente desorden en el momento de la redacción final de las iniciativas“.
El curso de acción a seguir previsto por Alcocer, dado que hay errores con implicaciones importantes a nivel de redacción y aplicación en las reformas de ser aprobadas, sería que se devuelvan al Ejecutivo para reformularlas o que el presidente mande una fe de erratas para que Gobernación revise “lo que hicieron firmar al presidente”. “Creo que no leyó la mayoría de las cosas que firmó. Es una costumbre de este presidente y así hemos transitado en estos 5 años”.
Continuando en la misma línea, aseguró que la reforma al Electoral, que de ser aprobada pasaría de INE a INEC, definitivamente habría un impacto presupuestal importante, ya que debería, por ejemplo, organizar las elecciones no solo presidenciales y gubernamentales, sino de magistrados, jueces, federales y estatales, así como muchos otros cargos. “Hablamos de miles de personas y cargos“, las cuales deberán pagarse con recursos del Estado, que también debe establecerse de dónde tomarán en el informe de impacto presupuestal.
