Ecuador se convirtió el 7 de febrero en el segundo país latinoamericano en dar luz verde a la despenalización de la eutanasia después de Colombia, a raíz del caso de una paciente con una enfermedad incurable.
“La lucha por los derechos humanos nunca es un camino asfaltado, agradezco a todos porque hoy el Ecuador es un país un poco más acogedor, más libre y más digno”, dijo en una rueda de prensa virtual Paola Roldán, tras conocer el fallo de la Corte Constitucional de Ecuador en su favor.
Roldán sufre de esclerosis lateral amiotrófica, padecimiento incurable y mortal.
Demanda de inconstitucionalidad
Emblema del combate por el derecho a morir dignamente, en el año pasado presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 144 del Código Penal, que condenaba con penas de hasta 13 años de cárcel a quien ayudara a una persona a morir.
Roldán y sus abogados convencieron a la Corte de la necesidad de despenalizar la eutanasia. El fallo, con siete votos a favor de sus nueve magistrados, abrió la puerta para que los médicos puedan ayudar a morir a un enfermo sin ir a la cárcel.
Una demanda que según de Farith Simon, uno de sus abogados, es compartida por la mayoría de los ecuatorianos:
«El debate público que se ha abierto ha dejado claro que el país mayoritariamente tiene una posición favorable a la posibilidad de que las personas decidan el bien morir, morir dignamente.»
“Cumplimiento inmediato”
Simon señaló en la rueda de prensa conjunta que la decisión del tribunal es de “cumplimiento inmediato” y que es “un hito” para la nación tradicionalmente conservadora y de mayoría católica.
El fallo de la Corte precisa que la sanción de homicidio no podrá aplicarse al médico que realice un procedimiento de eutanasia activa en aras de preservar los derechos de una vida digna.
El Ministerio de la Salud deberá elaborar en un plazo de dos meses un reglamento para los procesos de eutanasia activa, y la Defensoría del Pueblo, redactar en seis meses un proyecto de ley que el Congreso deberá aprobar.
En América Latina, solo Colombia despenalizó la eutanasia, en 1997. Uruguay, Chile y Cuba discuten proyectos al respecto y en México existe la llamada ley del “buen morir”, que autoriza al paciente o su familia a solicitar que la vida no sea prolongada por medios artificiales.